Reforma Electoral: La Joya de la Corona

LA LEY DE HERODES

por Miguel Ángel Isidro

En los años recientes, mucho se ha escrito, debatido y discutido en torno al denominado proceso de transición democrática en México.

Para muchos académicos y analistas, el punto de partida de dicho episodio lo marcaron los movimientos sociales y políticos del año de 1968, con todo y la violenta respuesta del gobierno mexicano a las protestas estudiantiles de en la capital del país y el surgimiento de un nuevo frente de expresión política en ascenso, que sentaría las bases de la nueva izquierda mexicana.

Ahora bien, tras la crisis económica de la primera mitad de los ochentas y el impacto de los gobiernos neoliberales de la segunda mitad de los noventa, comenzó a abrirse paulatinamente la posibilidad de la alternancia en el poder. En entonces todavía todopoderoso Partido Revolucionario Institucional comenzó a sufrir sus primeras derrotas electorales legalmente reconocidas, en los ámbitos de gobiernos municipales y estatales, además de distintos espacios de representación legislativa. Y en el año 2000 ocurrió lo inimaginable, cuando el Partido Acción Nacional derrotó a la maquinaria priista en la elección presidencial, ocupando la primera magistratura del país en dos periodos consecutivos.

En las poco más de tres décadas transcurridas entre 1968 y elección presidencial 2000 se suscitaron una importante cantidad de reformas constitucionales inherentes al ámbito de los partidos políticos y los organismos electorales; hubo un cambio generacional en todas las corrientes partidistas que implicó una auténtica reconfiguración del ecosistema político mexicano. Sin embargo, un hecho quedó claro: para efectuar una verdadera transición democrática no bastaba con sacar de la Presidencia a un partido político y poner a otro. Hacia falta también la construcción de órganos e instituciones electorales sólidas, que diesen plena certidumbre al voto ciudadano, para constituirlo no sólo en un derecho, sino en una legítima expresión de la soberanía popular.

Y es así como llegamos a este muy agitado año 2026, en el que continuando con el guión dictado desde el sexenio pasado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo ha retomado la iniciativa de completar el famoso “Plan C” de la Cuarta Transformación, complementando la reciente reforma al Poder Judicial con una Reforma Electoral, cuya única certidumbre por el momento es la presunta búsqueda de evitar que los procesos electorales y los partidos políticos continúen siendo una pesada carga presupuestal para el erario público.

Reducir el número de legisladores plurinominales y disminuir el gasto en prerrogativas a los partidos políticos, además de adelgazar significativamente la estructura burocrática de los órganos electorales suena como algo no solamente saludable para las cada vez más mermadas finanzas del sector público, sino también como el cumplimiento de una añeja aspiración democrática. Sin embargo, es evidente que, como ocurrió con la Reforma Judicial, el famoso “Plan C” no busca necesariamente el fortalecimiento de un aparato institucional: se trata simple y llanamente del abierto interés de la 4T por acaparar y concentrar mayores espacios de poder.

Desde el momento en que la Presidenta Sheinbaum hizo pública la designación de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la mandataria emitió un mensaje político muy claro. El viejo ex dirigente estudiantil es un personaje emblemático de la nueva izquierda mexicana, ahora cómodamente insertada en el poder, que no tiene empacho en cuestionar la legitimidad de las diputaciones plurinominales a pesar de haberse beneficiado de ellas (el propio Pablo Gómez , en tres periodos distintos) o hablar de austeridad republicana sin ruborizarse al tiempo de brindar con vinos de alta gama en restaurantes de lujo.

Sin embargo, no debe para nada soslayarse la reacción adversa que el incipiente proyecto reformista ha generado entre los dos principales aliados de la 4T: el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), a quienes la pura posibilidad de ver reducida su cuota de plurinominales y prerrogativas les dio motivo suficiente para emprender el amago de romper con el obradorismo, haciendo caer en cuenta de que el oficialismo aún tiene otros importantes asuntos en cartera legislativa antes de la siguiente elección intermedia.

Por su parte, y en una actitud que ya se les está haciendo costumbre, la oposición partidista al actual régimen, débilmente representada por el Partido Acción Nacional (PAN) y lo poco que queda del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha limitado a expresar su inconformidad con la aún inédita iniciativa desde el terreno de los adjetivos, acusando a la 4T de pretender aferrarse al poder….

Pero sin hacer ningún planteamiento o propuesta concreta en la materia.

Hasta el momento, el enfoque preliminar de la reforma electoral, conforme a los dichos de la propia Presidents Sheinbaum y del comisionado Pablo Gómez pareciera estar enfocada a estrangular los últimos reductos en los que se ha refugiado la élite de burocracia dorada e intelectual crítica a la 4T, usando como pretexto erradicar el excesivo gasto de recursos. El hecho no representa en sí una mala idea, pero el problema es la premura con la que se pretende ejecutar el proyecto.

Al igual como ocurrió con la reforma al Poder Judicial, la presunta reingeniería del aparato electoral y del sistema de representación proporcional daría espacio a vacíos legales, improvisación y oportunismo. Sobresale el sello del movimiento lopezobradorista, al que le parece una buena idea amputar una pierna completa para curar una uña enterrada.

Una vez más, la Presidenta se verá obligada a ponderar prioridades, porque entre la estrechez presupuestal, las presiones del gobierno de Donald Trump y su inocultable agenda electoral deberá atender lo urgente sin descuidar lo importante.

Esperemos que no haya errores de cálculo. Lo peor que podría pasarle al país es que en el ánimo de sacar adelante una reforma electoral que en realidad nadie necesita, la 4T termine dándole más poder a organizaciones parásitas como el Partido Verde y el PT, y de rebote, a personajes impresentables como Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal.

Al parecer el 2026 será un año muy largo…. Y apenas llevamos dos semanas.

¡Agárrense!

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