La Brecha Económica y el Acceso Efectivo a la Justicia

Por Ximena L.C. Paredes

De acuerdo a datos del CONEVAL, en 2008 la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos era de 49%, es decir, 54.7 millones de personas, dato que sin duda resulta impresionante al referir los 110.8 millones de habitantes en ese año. Así, según los datos más actualizados de esta institución, en 2018 el nivel de pobreza medido de la misma forma era de 48.8%, es decir, 61.1 millones de personas. Si bien, se ve una disminución porcentual respecto de los habitantes en total de ese año, sin embargo, el dato no deja de ser alarmante pues es innegable que la pobreza en México no va a la baja.

De la problemática referida desprenden tres situaciones muy delicadas: 

A) La dificultad que tienen las personas con bajos recursos económicos para contratar una representación adecuada.

Es importante mencionar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la justicia deberá ser pronta, expedita y gratuita, ya que el Estado tiene la obligación de proporcionar asistencia legal gratuita para su efectiva promoción; sin embrago, no se requiere de una gran investigación para darse cuenta que un sector mayoritario de la población carece de tal acceso efectivo. Se han creado organismos públicos para la defensa gratuita de los intereses de los gobernados, tales como la CNDH o los institutos de Defensoría Pública, sin embargo, la disponibilidad de defensa pública gratuita para las personas sin recursos y los costos del proceso resultan asuntos de inestimable valor instrumental para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, sin olvidar lo costosos que son los procesos y la localización de los tribunales, misma que en algunos lugares es muy alejada de las zonas más vulnerables. En este sentido, es común que la desigual situación económica o social de los litigantes se refleje en una desigual posibilidad de defensa en juicio, lo cual los lleva a no satisfacer sus intereses legales y dejar desprotegidos sus derechos.

Lo anterior puede ser comprobable con el simple hecho de hacer un análisis en torno al número y clase de los asuntos resueltos, así como el origen socioeconómico de las partes, datos que arrojarían que las personas con dificultades económicas se encuentran vulneradas o totalmente excluidas de la justicia, al no contar con la defensa suficiente y/o acceso a un órgano jurisdiccional cercano y que, por lo tanto, sus derechos también quedan restringidos y vulnerados.

En este sentido, se pueden reforzar los programas para la organización de servicios de patrocinio jurídico gratuito, con los cuales más despachos jurídicos u organizaciones puedan prestar sus servicios a las personas que más lo necesiten. Es claro que la elaboración de programas de esta índole no es fácil, sin embargo, el hacer trabajos pro bono podría ser de ayuda tanto para la sociedad como para los despachos, corporativos o asociaciones que decidan ayudar verdaderamente a los justiciables. Así mismo, se pueden realizar jornadas en las que personal de los órganos jurisdiccionales acudan a lugares poco frecuentes para que asesoren y den una solución rápida y efectiva al conflicto por el que los individuos de las diversas comunidades estén pasando, ya sea a través de algún medio alternativo de solución de controversias o un mecanismo diferente, en caso de ser necesario.

B) Carencia informática en relación al conocimiento de sus derechos y medios de protección de estos.

Resulta relevante mencionar que el hecho de conocer el derecho es sumamente importante pues, de lo contrario, tanto particulares como autoridades podrían vulnerar derechos de otros.

Actualmente, aparte de los estudiosos del derecho muy pocas personas de diferentes ámbitos laborales o académicos tienen conocimientos jurídicos, y esto es una situación alarmante, pues el derecho es una materia que debería ser de alcance general. Basta con observar las situaciones cotidianas de nuestro alrededor y darnos cuenta de que el derecho está inmerso en cada una de ellas, desde el momento de nacer e incluso antes, hasta el momento de morir e incluso después. El derecho está en todo, por lo tanto, el derecho debería estar al alcance de todos, para que todos sepan sus derechos, obligaciones y la forma en la que pueden acceder a ellos.

Lamentablemente, los medios de información de los derechos son insuficientes. Si bien, hay artículos, anuncios y comerciales de radio y televisión en los que determinada información jurídica es publicitada, sin embargo, estos no llegan a toda la sociedad y su contenido carece de información que podría ser relevante. Por lo anterior, deberían existir más medios eficaces, económicos y, sobre todo, accesibles, para la difusión de los derechos; así mismo, esta difusión debería ser de forma gráfica y sencilla, dependiendo la sociedad a la que vaya dirigida. De igual forma, deberá ser adecuada y en idiomas y palabras entendibles para todos. Así mismo, el conocimiento de las leyes se puede aumentar aprovechando más los medios educativos, a través de materias como ética, historia o incluso por medio de una materia nueva, en las cuales se pueda abundar más sobre temas del entorno jurídico. De esta forma, los individuos de todos los niveles educativos tendrán conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, con el objeto de crear conciencia y evitar abusos de todo tipo.

Es claro que no todas las personas tendrán el interés en esta información, pero también resulta ser claro que nadie está excluido de poder necesitar ayuda legal y que, por tanto, la información jurídica básica brindada a través de los mecanismos anteriores podría ser un parteaguas para el acceso a la justicia.

C) La imposibilidad de acceder a la justicia en línea.

En este sentido, nos encontramos con dos principales problemáticas: 1) No contar con los medios necesarios para el acceso, esto es, medios electrónicos como celular, computadora, tablet, etcétera y; 2) La falta de conocimientos técnicos para acceder a la justicia en línea.

En referencia al primer punto, es importante recordar que nos encontramos en una época de tecnología, periodo en el que las denominadas TIC´S (Tecnologías de la información y comunicación) han tomado una enorme relevancia en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Lo anterior pone a muchos en una situación ventajosa, pues pueden disponer de la información que requieran con tan sólo buscarla en internet, cosa que antes costaba mucho tiempo obtener fácilmente. Pero, de nueva cuenta, no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a estos medios que actualmente son una herramienta indispensable y que, por lo tanto, debería ser derecho contar con los medios materiales para poder disponer de los mecanismos electrónicos, pues de lo contrario los justiciables con bajos recursos se encontrarían en una situación de desventaja frente a otros que sí cuentan con estas herramientas tecnológicas.

En referencia al segundo punto, es necesario hacer mención de que no sólo es un obstáculo a la justicia el no tener un medio de acceso electrónico, sino que también las personas que afortunadamente cuentan con los medios electrónicos para hacerlo, desafortunadamente no tienen el conocimiento técnico para poder llevarlo a cabo. En ese tenor, es necesario que los órganos jurisdiccionales hagan que sus mecanismos de acceso a la justica sean eficaces, fáciles de usar y cumplan con las necesidades jurídicas requeridas por los justiciables y sus abogados.

Con la relevancia que día a día adquieren las TIC´s en la vida cotidiana, estamos entrando a una justicia en forma digital, por ello, es importante proveer al gobernado de medios materiales para poder aprovechar las herramientas informáticas. En ese tenor, será importante contar con cursos o talleres de actualización de la denominada “E- Justicia”, tanto para servidores públicos, como para abogados y justiciables, para que de esta forma no exista impedimento técnico o material para poder acceder efectivamente a la justicia.