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Aspirantes con vínculos políticos y antecedentes cuestionados buscan llegar al Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos

  • Foto del escritor: Identidad Morelos Comunicación
    Identidad Morelos Comunicación
  • 25 nov 2025
  • 2 Min. de lectura

El proceso para designar dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos volvió a exhibir la influencia política, el nepotismo y la repetición de perfiles reciclados que han caracterizado las decisiones del Congreso local.


En la lista de registros destacan familiares de legisladores, exfuncionarios con antecedentes controvertidos y aspirantes que han participado repetidamente en convocatorias similares, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad y limpieza del proceso.


Entre los nombres más señalados están:

  • Karla Socorro Reyes Reyes, hermana del diputado morenista Rafael Reyes Reyes, cuyo registro revive acusaciones de nepotismo dentro de la Legislatura.

  • Raúl Israel Hernández Cruz, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y actual notario público.

  • Clara Soto Castor, esposa del consejero presidente del IMIPE, Hertino Avilés Albavera, lo que abre un posible conflicto de interés.


La presencia de perfiles con vínculos familiares directos vuelve a poner bajo la lupa a la actual Legislatura, que ya había sido cuestionada en octubre por nombrar a familiares y personas cercanas en el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial, pese a la normatividad vigente.


Es importante recordar que el nepotismo está prohibido y regulado expresamente en diversas disposiciones legales en México, incluida la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sanciona el uso de influencias o relaciones personales para obtener nombramientos o beneficios en la función pública. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado públicamente su rechazo absoluto a estas prácticas y ha reiterado que la ley lo prohíbe de manera clara y contundente.


Organizaciones civiles y especialistas han advertido que, si el Congreso privilegia nuevamente intereses personales y alianzas políticas, podría dañar la credibilidad del TJA que ha sido ya severamente criticada por la falta de operatividad y funcionalidad.



 
 
 

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