¿Ser abogado en Morelos ya es delito? Denuncian siembra de pruebas y abusos policiales

La indignación crece en el gremio jurídico tras la detención del abogado penalista Froylán "N", ocurrida el pasado 10 de abril, en un caso que ha encendido las alarmas sobre presuntas prácticas ilegales por parte de corporaciones de seguridad en el estado.

De acuerdo con abogados litigantes, la detención se llevó a cabo en un autolavado ubicado en la calzada de Los Reyes en Cuernavaca, donde momentos antes se había registrado el asesinato de un hombre conocido como “El Negro”, quien recientemente había salido del penal de Atlacholoaya por el delito de homicidio doloso. Froylán "N" acudió al lugar tras ser llamado por el propietario del negocio para brindar asesoría legal; sin embargo, lejos de permitirle ejercer su labor, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos lo sometieron y detuvieron.

El señalamiento es grave: colegas del litigante aseguran que los policías no solo actuaron de manera arbitraria, sino que habrían “fabricado” pruebas para justificar la detención, presuntamente sembrándole un arma de fuego y narcóticos, como fentanilo. Un video difundido en redes sociales, según el gremio, muestra el momento en que los elementos se abalanzan sobre el abogado y le arrebatan sus pertenencias, lo que pondría en duda la versión oficial contenida en el Informe Policial Homologado.

Para los abogados penalistas, este caso no es un hecho aislado, sino reflejo de un problema estructural. Denuncian que los informes policiales presentan inconsistencias recurrentes y que la presunta siembra de pruebas se ha convertido en una práctica sistemática. “De cada 10 detenidos, a seis les siembran evidencias para mantenerlos en prisión preventiva”, afirmaron, advirtiendo que estas acciones vulneran gravemente el debido proceso y la presunción de inocencia.

La crítica se dirige directamente al actuar de las autoridades de seguridad, a quienes acusan de distorsionar la función de justicia. Lejos de combatir la delincuencia, señalan, estas prácticas podrían estar fabricando culpables y debilitando la confianza en las instituciones. En este contexto, advierten que el ejercicio de la abogacía en Morelos enfrenta un escenario preocupante, donde defender a un cliente podría derivar en una detención arbitraria.

Ante la gravedad de los hechos, el gremio jurídico exigió la intervención de la gobernadora Margarita González Saraviapara que se investigue a fondo la actuación de las corporaciones policiales y se garantice el respeto al Estado de derecho. Asimismo, hicieron un llamado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, para que se ordene la liberación inmediata del abogado, al considerar que su detención se sustenta en pruebas presuntamente fabricadas.

Froylán "N" enfrenta cargos por portación de arma de fuego y posesión de narcóticos; sin embargo, sus defensores sostienen que el material videográfico desvirtúa los señalamientos y evidencia irregularidades en el proceso.

En Morelos, la preocupación ya no es únicamente quién comete los delitos, sino quién los construye desde el poder.