Opacidad y conflictos de interés marcan al Congreso de Morelos

El Congreso del Estado de Morelos continúa acumulando señalamientos por falta de transparencia, incremento desmedido del gasto público y prácticas que podrían constituir conflictos de interés.

A pesar de incumplir de manera reiterada con obligaciones en materia de rendición de cuentas, el Congreso local ha incrementado su presupuesto de manera sostenida. De acuerdo con información del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" en los últimos cuatro años, el gasto legislativo creció 59 por ciento, sin que exista claridad sobre el uso de los recursos. En la actual legislatura, el aumento asciende a 19 por ciento.

Para el paquete económico 2026, el Congreso local propuso un presupuesto de 738 millones de pesos, aun cuando, según el centro de investigación, la institución podría operar con 400 millones de pesos.

Opacidad en la información obligatoria

Morelos Rinde Cuentas documentó que el Congreso de Morelos incumple diversas disposiciones de la Ley de Transparencia:

• Publica mal e incompleta su nómina en la Plataforma Nacional de Transparencia.

• De enero a septiembre solo reporta 41 millones de los 141 millones de pesos que ha ejercido.

• Se mantiene abierta la denuncia DIOT/129/2025 por incumplimiento en la publicación de información.

• Solo se difunden 141 plazas, aunque la nómina real podría superar los 400 empleados.

• Únicamente 5 de los 20 diputados y diputadas han cumplido con la obligación de publicar su declaración patrimonial de inicio.

Uso político de instituciones y nombramientos cuestionados

En medio de este contexto, el Congreso avanzó en decisiones que han generado críticas por presuntos conflictos de interés. Durante la última sesión del Pleno, se nombró como magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a:

• Karla Socorro Reyes Reyes, hermana del diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena Rafael Reyes Reyes.

• Clara Elizabeth Soto Castor, esposa del comisionado presidente del IMIPE, Hertino Avilés Albavera.

Esto mismo ocurrió en el Órgano de Administración del Poder Judicial de Morelos, para el cual designaron a Yadira Crystal Casarreal Olmedo, excolaboradora y persona de confianza del diputado local, Rafael Reyes; a Catalina Pimentel Mejía, hermana del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Isaac Pimentel Mejía; a Humberto Paladino Valdovinos, suegro del presidente de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas, y a Miguel Enrique Lucía Espejo, asesor y brazo derecho de Rafael Reyes Reyes.

Para organizaciones civiles, estos nombramientos refuerzan la percepción de que el Congreso utiliza su poder para colonizar espacios institucionales, privilegiar redes personales y asegurar control político sobre órganos clave del estado.

Pretensión de aumentar curules

Al mismo tiempo, el Congreso de Morelos impulsa una reforma para incrementar de 20 a 30 el número de diputadas y diputados, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional y dejó sin efectos la reforma aprobada en julio al artículo 24 de la Constitución de Morelos, que incrementaba las curules mediante la creación de las llamadas “primeras minorías”.