Michoacán: Ausencia de Estado

LA LEY DE HERODES

Por Miguel Ángel Isidro

A mediados de 2012, en mi calidad de corresponsal de un medio de comunicación nacional, recibí una invitación para asistir a una peculiar cobertura. Se trataba de atestiguar la incineración de enervantes decomisados por el Ejército Mexicano en la zona norte de Tamaulipas.

Este tipo de ceremonias no tienen nada de extraordinario, pero en este caso en particular, lo que me hizo interesarme en dicha cobertura era que se realizaría ni más ni menos que en una instalación militar en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Permítanme hacer contexto. En agosto de 2010, San Fernando se convirtió en noticia nacional e internacional debido a un hecho funesto: la localización de los cadáveres de 72 migrantes abandonados al interior de un galerón ubicado en un ejido denominado El Huizachal.

A través del testimonio de un joven ecuatoriano que logró escapar del lugar algunas horas antes, se pudo saber que la totalidad del grupo -conformado por 58 hombres y 14 mujeres-, eran transmigrantes de diversas nacionalidades centroamericanas . Incluso se supo después que en el grupo había algunos ciudadanos brasileños.

Las víctimas habían cruzado por el territorio tamaulipeco en su trayecto hacia la frontera norte, donde a través de varios grupos de “polleros” serían internados ilegalmente hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, a su paso por San Fernando, los migrantes fueron interceptados por una célula del cártel de Los Zetas que los habría retenido inicialmente con fines de extorsión. Tras no obtener el acuerdo esperado, se llegó a ofrecer a algunos de las personas capturadas integrarse a las filas del grupo criminal, pero ante la negativa, finalmente sus captores decidieron ejecutarlos. Cuando los cuerpos fueron localizados se encontró que estaban amordazados y que habían sido maniatados en una incómoda posición (con las manos entrelazadas por debajo de una de sus rodillas), para hacer más complicada la posibilidad de escapar.

Tiempo después se supo que los migrantes no viajaban en un solo grupo, sino que en San Fernando operaba una célula criminal que desde varios meses antes se había dedicado a retener autobuses de pasajeros y otros vehículos utilizados para el tráfico de personas, de donde seleccionaba a sus eventuales víctimas . Algunas personas habrían sido retenidas por semanas, tal vez meses, antes de ser ejecutadas. Meses después del hallazgo en el ejido El Huizachal, fueron hallados otros 59 cadáveres en fosas clandestinas. En total, se contabilizaron oficialmente 193 migrantes ejecutados, más un número indeterminado de restos humanos que haría presumir más de 500 víctimas.

Pero volvamos al relato inicial. Para asistir a la ceremonia de incineración, se nos ofreció transportación aérea desde el aeropuerto de Matamoros, a bordo de un helicóptero militar, que aterrizó en las instalaciones de lo que, según se nos informó, había sido en otro tiempo un rancho cinegético.

El predio, dedicado durante años a actividades de pesca y caza deportiva, fue despojado de sus dueños originales por Los Zetas, quienes lo convirtieron en su base de operaciones. Contaba con distintas vías de acceso (una de ellas utilizada como pista de aterrizaje), dormitorios, caballerizas y albercas. Después de la intervención del Ejército Mexicano tras la matanza de migrantes, el rancho fue adaptado como cuartel militar.

Tras la protocolaria ceremonia de destrucción de enervantes, ante la presencia de autoridades estatales y de tres municipios de la zona norte de Tamaulipas donde se habían realizado dichos decomisos -Matamoros, Valle Hermoso y el propio San Fernando-, los encargados del destacamento militar convidaron a la comitiva a un refrigerio, en un área adaptada como comedor. Al frente de dicha ubicación se encontraba una especie de estacionamiento, donde se tenía reservada una parte especial del recorrido: mostrar a los medios de comunicación presentes los vehículos decomisados a la delincuencia organizada en la zona, entre los que sobresalían tres camionetas con blindaje artesanal que, según se informó, habían sido propiedad de Martín Omar Estrada Luna, alias “El Comandante Kilo”, jefe de plaza de Los Zetas, señalado como autor intelectual de la matanza de migrantes. Esos armatostes son conocidos en el argot de la nota roja como “monstruos”.

Cabe mencionar que aún con la presencia militar, en San Fernando y otros municipios de Tamaulipas la actividad del crimen organizado continuó desarrollándose en distintos frentes, entre ellos el robo y venta clandestina de combustibles robados de Pemex; el famoso “huachicoleo”.

A años de distancia, una de las reflexiones que caben al conocer la dimensión de la actividad criminal en una zona como San Fernando, donde una célula criminal podía a sus anchas secuestrar, asesinar, decomisar propiedades y desplazarse en vehículos artillados para enfrentarse a sus rivales sólo es posible bajo una grave circunstancia: una total y absoluta impunidad que únicamente es posible cuando existe una total ausencia del Estado.

Guardadas las proporciones -por respeto a la víctimas, principalmente- es posible advertir la misma condición en los lamentables hechos registrados recientemente en el estado de Michoacán, en donde distintas células del Cártel Jalisco Nieva Generación han abierto un auténtico frente de guerra en contra de los tres niveles de gobierno.

En un corto periodo de tiempo, dicho grupo criminal ha efectuado una serie de asesinatos de alto impacto, entre los que sobresalen el del líder de productores de limón en Apatzingán Bernardo Bravo y la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Por si fuera poco, apenas unas horas después del llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el CJNG desató una serie de enfrentamientos armados y bloqueos carreteros que afectaron a 15 municipios michoacanos y que incluso se extendieron a comunidades de los estados vecinos de Jalisco y Guanajuato, en respuesta a un operativo federal encaminado a la captura de Ángel Chávez Ponce alias “El Camaleón”, líder del cártel en la región lacustre de la entidad michoacana, aún prófugo.

¿Cómo entender que un grupo criminal se atreva a desafiar al Estado Mexicano cuando toda la atención mediática se ha volcado en su territorio por una ejecución de alto impacto como la de Carlos Manzo? ¿Cómo justificar la dinámica de “teléfono descompuesto” entre los tres niveles de gobierno, a grado tal de que la propia autoridad federal ha reconocido enfrentar severas dificultades para esclarecer la realidad de los brutales hechos?

No podemos cerrar los ojos. Episodios como los de Apatzingán y Uruapan se han venido replicando a lo largo del país durante los últimos siete años, bajo los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación . Lo mismo en Morelos, que en Guerrero, en Jalisco, Coahuila o Quintana Roo, por mencionar algunos casos.

Es evidente que la estrategia de “abrazos y no balazos” del ex Presidente López Obrador fracasó. De nada sirvió que el ex mandatario se haya reunido todos los días por la madrugada con su gabinete de seguridad. En la percepción ciudadana, la parte territorial de ésta guerra la está perdiendo el gobierno.

Y mientras ello ocurre, vemos a la Presidenta Sheinbaum dedicando una gran parte de su tiempo a fabricarse sus propias guerras, como fue el caso de la reciente movilización de la llamada “Generación Z”, con una narrativa que fue agigantada durante días debido a la paranoia presidencial que insiste en ver conjuras internacionales detrás de cada expresión de crítica a su gobierno.

Si bien algunos reclamos de dicha movilización son legítimos -los referentes a la inseguridad y a la corrupción gubernamental, por ejemplo-, la carencia de un liderazgo y argumentos claros terminaron por desdibujar su impulso, como quedó demostrado en su segunda convocatoria del pasado 20 de noviembre, donde apenas congregaron a unos 150 manifestantes en la capital del país.

Mientras la mandataria federal parece seriamente obsesionada por combatir cualquier expresión de malestar social que pudiera empañar sus sagrados índices de popularidad, los grupos criminales parecieran incrementan sus capacidades de fuego, rango de acción y desplazamiento territorial, rebasando en su acción a las autoridades, como quedó evidenciado en el reciente episodio michoacano.

Y tristemente, ésa es una condición que no se va a resolver con conferencias de prensa ni con programas asistenciales electoreros que presuntamente buscan “atacar las causas” de la criminalidad. Entidades como Michoacán acumulan ya más de tres sexenios en crisis (desde el fallido “Michoacanazo” de Felipe Calderón en 2009), sin que ningún gobierno de ningún partido encuentre una vía sólida de pacificación del territorio.

Y hay que hacerlo notar: aún con la posibilidad de que en los próximos meses la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch pudiese efectuar la detención de objetivos prioritarios en la zona, si no se procura un adecuado seguimiento de las acciones anunciadas con bombo y platillo, la crisis resurgirá en el mediano plazo. Para todos es bien sabido que en estos complicados asuntos, aplica siempre la añeja máxima: “Muerto el Rey, Viva el Rey”.

Al tiempo.

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